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Los Delitos Societarios

El Código penal contempla bajo el epígrafe “de los delitos societarios”, en sus artículos 290 a 297, una serie de conductas tipificadas  que van a dar lugar a la correspondiente responsabilidad penal. Los sujetos activos de los delitos recogidos en estos artículos, pueden ser de varios tipos:

— Administradores de hecho; es el sujeto que ostenta fácticamente el dominio sobre la estructura social “dominio funcional social”. Sería considerado administrador de la misma aunque no pertenezca formalmente a la sociedad

— Administradores de derecho; Por tal se entiende quien ejerce facultades de gestión y representación, para ello es preciso que haya formalizado su nombramiento y se haya inscrito en el registro mercantil.

— Los socios de una sociedad constituida o en formación.

 Parecen centrados por tanto los delitos societarios, en torno a los órganos de administración de la sociedad. Leer más

La problemática del cobro de los créditos de los trabajadores frente a empresas con falta de liquidez, en concurso o en proceso de liquidación.

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Es habitual hoy en día, que las empresas se encuentren con problemas económicos que les obliguen a prescindir de alguno de sus trabajadores, buscando al amortizar sus puestos de trabajo, un ahorro que les permita seguir funcionando, evitar entrar en concurso, o evitar la liquidación y cierre.

Estos procesos de despido, algunas veces se hacen correctamente, y permiten al trabajador acudir a solicitar el desempleo y también cobrar las cantidades que se les adeudan, bien de la empresa bien del FOGASA. En otras ocasiones, sin embargo, el trabajador se ve completamente desfavorecido, bajo una dirección empresarial que no respeta ni los derechos mínimos del trabajador, y viéndose incluso en ocasiones, obligados a acudir a su puesto de trabajo, pese a ni siquiera cobrar sus salarios.

Es obvio que los trabajadores ante tales circunstancias prefieren dejar de ir a trabajar y con suerte poder acudir al “paro” pero es preceptivo que el proceso de resolución contractual se haga a través del asesoramiento de un profesional y en la mayoría de los casos mediante un procedimiento judicial; de lo contrario el trabajador puede perder muchos de sus derechos.

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