Últimas noticias

Injerencia en las Zonas Comunes (Heraldo de Aragón 6 de junio de 2020)

Con el paso de fases, vuelve la cuestión nunca regulada, de la utilización de las zonas comunes de las comunidades de propietarios, y ahora, con la llegada del calor, de las piscinas.

La declaración del estado de alarma, Real Decreto 463/2020, únicamente limitaba la utilización de las vías o espacios de uso público, e igualmente, en cuanto a las zonas deportivas o de recreo, suspendía su “apertura al público”.

Por consiguiente, los espacios privados, en algunos casos muy amplios e incluso con zonas deportivas, de juegos y piscina, que en modo alguno son públicos ni están abiertos al uso público, no podían entenderse incluidos en tal norma.

Tal ausencia de prohibición, fue suplida, a mi entender de forma inaceptable, por los administradores de fincas, que publicaron lo que no eran sino opiniones, considerando que “por analogía” tales normas podían aplicarse a las zonas comunes. Y digo inaceptable, porque los administradores de fincas, son gestores contratados, asesores, que en modo alguno pueden suplir la voluntad de quién les contrata, y mucho menos imponer normas o interpretaciones jurídicas. Y lo más grave es que las autoridades policiales dieron por buenas lo que no eran sino simples opiniones, incluso remitiéndose a ellas a través de sus páginas web.

En el momento álgido de la pandemia, el miedo evito cualquier discusión, y se mantuvo el confinamiento entendido como paredes de tu casa, alejado de las zonas comunes, que también son tuyas.

Sin embargo, el inicio de la reapertura, puso de relieve que el uso de dichas zonas, en cuanto privadas, seguía sin regularse, reconociendo incluso el Vicepresidente Pablo Iglesias que, siendo espacios privados, cada comunidad debía autogestionarse.

Pero los administradores de fincas, verdaderos protagonistas, por afán propio, de esta historia, no se conformaron, manifestando, en sendas cartas al Gobierno, que las comunidades no pueden decidir qué hacer con sus zonas comunes. ¿Será que tienen que decidirlo ellos?

Ante tal presión, el Ministro de Sanidad, aventuró una posible norma para comunidades de vecinos, norma nunca emitida y que, sinceramente, creemos de muy difícil elaboración habida cuenta a la ilimitada casuística existente.

Ahora surge la cuestión de las piscinas. Y tenemos una reiteración de lo ya ocurrido.

Los decretos publicados, especialmente el de 17 de mayo, limita la normativa a piscinas públicas, tanto deportivas como recreativas y por tanto siguen sin prohibirse su uso y ni siquiera regularse, las piscinas comunitarias.
Inasequibles al desaliento, los administradores de fincas mandaban una carta al Ministro de Sanidad el 27 de abril requiriéndole una normativa y en la que, reconociendo expresamente la falta de regulación, pedían nada menos que el control por el gobierno de las piscinas privadas: “En muchos territorios estas piscinas se consideran privadas y son ajenas al control de las administraciones lo que quizás debería ser revisado en este año.” Inaudito. Mientras, y a pesar de reconocer este vacío legal siguen publicando en los medios pseudonormas de uso, que algunas comunidades han confundido con normativa legal.

En conclusión, actualmente no existe prohibición alguna ni criterio legal sobre del uso de zonas comunes ni de piscinas comunitarias. Cada comunidad deberá ser la que teniendo en cuenta sus singulares circunstancias regulará sus zonas comunes y campos de juegos, y lo mismo en cuanto a las piscinas, (no es lo mismo una piscina pequeña para ochenta vecinos que una grande que sólo utilizan veinte y sus espacios alrededor varían extraordinariamente), normas que lógicamente tendrán en cuenta las recomendaciones de sanidad respecto a la pandemia, es decir, respetar la distancia social, cierre de vestuarios o baños comunes o continua desinfección de estos, e incluso limitar el acceso a personas ajenas a la propiedad.

Jose María Lumbreras Lacarra
Lumbreras Abogados

Coronavirus / Los ERTEs ante el Estado de Alarma, y el Real Decreto Ley 8/2020

Modalidades y características.

A raíz de la declaración del Estado de Alarma, Decretado el pasado 14 de marzo de 2020, y su modificación posterior, se restringe la libertad de movimientos de las personas, y determinadas actividades comerciales y empresariales.

En consecuencia, se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. Adicionalmente, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pudiera suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.

Ello ha provocado que muchas empresas deban reducir o incluso paralizar su actividad, y se estén planteando solicitar un ERTE. Para adaptar la legislación vigente a las nuevas circunstancias provocadas por el COVID-19 el Gobierno ha emitido el Real decreto Ley 8/2020, en cuyos artículos 22 y ss. se regulan las Medidas Excepcionales relativas a estos procedimientos.

 ¿Qué es un ERTE?

Un ERTE puede consistir en una suspensión temporal del contrato o en una reducción de la jornada laboral que une a trabajador y empresa. Nos centraremos en este artículo en la suspensión temporal del contrato, por ser la que tiene más incidencia ante la situación actual, y que podrá afectar a toda la plantilla o a parte de ella.

Mediante el ERTE, se suspende la obligación de trabajar para el trabajador y de abonar el sueldo el empresario, durante el tiempo que se establezca y que podrá coincidir con la duración de estado de alarma o prologarse un poco más en el tiempo, en función de las previsiones de recuperación de la actividad ordinaria que la empresa.

 ¿Por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción?

Ha de destacarse su temporalidad. Se trata de medidas de suspensión que deben estar acotadas a un período temporal, y que las causas invocadas deben tener un carácter coyuntural, coincidente con la problemática derivada del COVID-19.

Pueden presentar el ERTE por fuerza mayor:
i) todas las empresas a las que no les resulta posible desarrollar su actividad por una decisión adoptada por parte de la Administración Pública;
ii) las afectadas por razones extraordinarias y urgentes vinculadas con el contagio o aislamiento preventivo (decretado por las autoridades sanitarias);
iii) todas aquellas que se vean obligadas a suspender su actividad como consecuencia del cierre de locales de afluencia pública, restricciones del transporte público o falta de suministros que impida gravemente la continuidad de la actividad, siempre que estas causas sean consecuencia directa del COVID-19.

Para esta modalidad, no es preciso un periodo de consultas con los trabajadores. No obstante, deberá ser aprobado por la Autoridad laboral constatando la existencia de causa mayor de las establecidas en el Real Decreto, para lo que dispondrá únicamente de cinco días, pudiendo potestativamente solicitar informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Respecto a las cuotas de Seguridad Social y, de forma exclusiva para los casos de fuerza mayor motivados por el COVID-19, la empresa estará exonerada del abono del 100 % de las aportaciones a la Seguridad Social si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, o se le aplicará una reducción del 75 % en el abono de dichas cotizaciones para empresas que tengan más de 50 trabajadores, siempre que la empresa se comprometa a mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Por otra parte, si la empresa, a su juicio, necesita proceder a la suspensión de los contratos o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, pero no está incluida en los anteriores supuestos o situaciones, deberá tramitarlo por esta modalidad, en la que si se abre un periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores y la empresa, pero con un plazo reducido de siete días, e igualmente la Autoridad Laboral disponible de sólo siete días para su resolución, previo y potestativo informe de la Inspección.

¿Cuánto paga la prestación por desempleo?

A consecuencia del ERTE la empresa no está obligada a pagar el sueldo, sino que los trabajadores cobrarán una prestación por desempleo, aunque carezcan de un período de carencia previo de 180 días.

El importe de la prestación durante los 180 primeros días será del 70 % de la base reguladora del sueldo bruto y a partir del día 181 hasta el final de la prestación, será del 50 %.

Además, los trabajadores recibirán la prestación con la particularidad de que el periodo durante el que lo estén percibiendo, no será descontado en una futura solicitud de desempleo.

¿Qué sucede con los trabajadores que están de baja cuando se inicia un ERTE?

Encontrándose algún trabajador en situación de incapacidad temporal (IT) o de maternidad o paternidad, si es incluido en un procedimiento de regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada, no le afectarán sus medidas hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de descanso por maternidad o el permiso por paternidad.