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Arbitraje en Sociedades Mercantiles

Recientemente se ha popularizado al inclusión en los Estatutos de sociedades anónimas y, especialmente, limitadas, de cláusulas de arbitraje que tratan de derivar los conflictos entre socios a Tribunales de Arbitraje. Tal posibilidad, prohibida hasta hace no demasiado tiempo por los tribunales, ha venido paulatinamente aceptándose, pero con limitaciones.
En primer lugar se mantiene la exclusión del arbitraje, sea de hecho o de derecho respecto a aquellas cuestiones que se consideran de derecho necesario, reduciéndose por tanto a discusiones sobre interpretación de estatutos o su aplicación. Ello deriva tanto de la necesidad de protección de algunas materias sensibles, como de la propia Ley de arbitraje. Así, el art. 1 L 36/1988 de 5 de diciembre, de Arbitraje, dispone que el objeto del arbitraje deben ser materias de libre disposición, lo que ratifica el art. 2.1 b). Aquellas indisponibles no pueden pretenderse englobar bajo cláusula de sometimiento, por tanto.
No podría por tanto derivarse a un arbitraje el derecho a la información de un socio, su solicitud de convocatoria de junta, conflicto de intereses, abuso de posición, o cualquier otra cuestión específicamente impuesta por el legislador para proteger los derechos de los accionistas y partícipes, especialmente de los minoritarios.
Como resumen del sentir jurisprudencial al respecto, la Sentencia Aud Prov de Madrid. 248/2005 01/07/2005:
“La sentencia de la audiencia, por el contrario, mantiene que es materia que no es objeto de arbitraje; literalmente «la nulidad de Juntas generales e impugnación de acuerdos sociales, está sustraída a la posibilidad del convenio de que hablan los arts. 1, 5 y 11 de la normativa citada, ya que los preceptos que regulan el procedimiento para la celebración de las Juntas, en las sociedades anónimas están dictados en garantía de los socios accionistas y minorías frente a posibles abusos e irregularidades de los administradores, y desde luego no pueden considerarse «asuntos sociales» de los que habla el art. 16 de los Estatutos, y rigiéndose por normas de «ius cogens» constituye materia indisponible, según el espíritu que preside el art. 1 y 2 b) L 36/1988 , pues el desarrollo futuro de las Juntas generales, con sus normas, sobre convocatoria, constitución, quórum o celebración de acuerdos, así como sobre representación y obtención de mayorías, son materias regidas por estrictas formalidades legales, tanto de la Ley 17 de junio de 1951 , como de la nueva Ley de 25 de julio de 1989, sobre Sociedades Anónimas»

TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL

El Real Decreto-Ley 15/2017 de 6 de octubre introduce una alteración esencial en lo relativo al cambio en el domicilio social de las sociedades mercantiles. Si hasta ahora dicho cambio, cuando suponía el traslado a otra población, debía ser aprobado en Junta General por mayoría de socios, ahora el Administrador o Consejo de Administración pueden desplazar la sede social sin necesidad de acuerdo previo, salvo que los Estatutos Sociales expresamente lo prohíban, artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sin entrar en polémicas sobre oportunidad política, es evidente que la aplicación de esta novedosa legislación merece un pormenorizado estudio y puede dar lugar problemas societarios.

En primer lugar, las sociedades deberán decidir ahora si modifican sus estatutos, cercenando la posibilidad que la ley ha otorgado al administrador, o permiten que tenga esta facultad.
En segundo lugar, y más importante, no todas las empresas son grandes corporaciones. Para todas aquellas pymes con problemas entre socios, esta posibilidad puede ser un importante arma en manos del administrador, que ocasione dificultades para ejercer los legítimos derechos de los socios. Tan sencillo como trasladar el domicilio social a alguna localidad lejana y celebrar allí las juntas para hacer más difícil la participación del socio díscolo.
En tercer lugar, el traslado de la sede social tiene importantes consecuencias jurídicas, tanto de traslado de Registro Mercantil (para lo que habrá que tener todas las escrituras anteriores y cuentas anuales correctamente inscritas), y otros registros de índole autonómico o local, como especialmente fiscales. Si nos encontramos ante un traslado no meramente nominal sino efectivo, puede considerarse que el centro de actividad cambia, y por tanto los tributos a aplicar, las deducciones de los mismos etc, pues no olvidemos que cada comunidad autónoma tiene un margen para establecer sus propias regulaciones de impuestos, y eso sin contar con que el traslado se produzca al País Vasco o Navarra, con su propia Hacienda.

Es en definitiva un cambio sustancial, con singulares afecciones jurídicas, cuyo desarrollo y problemática veremos en los próximos meses y que entendemos requiere para las empresas un estudio riguroso de como les pueda afectar, y especialmente para aquellas empresas que estén pensando en aprovechar esta modificación legislativa para realizar trasladar su domicilio societario.