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Informe que formula Lumbreras Abogados en relación con el Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, publicado el 4 y con entrada en vigor el 5 de noviembre, en lo que afecta a la solicitud de ayudas para los profesionales taurinos.

El decreto comienza tratando de justificar, porque a este colectivo, de forma incomprensible, se le dejó fuera de las ayudas establecidas por el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo y el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.

A partir de ahí, especifica las ayudas y requisitos, establecidas en el artículo 4. Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de profesionales taurinos.

En primer lugar se reconoce el acceso a ayudas, para aquellos que no las hayan conseguido por otros medios (que dado que han sido en su totalidad rechazadas o simplemente obviadas, únicamente ha podido hacerse por via sentencia judicial).

Han de ser, obviamente profesionales que a 31 de diciembre de 2019 figurasen en el censo de profesionales taurinos en activo.

Los plazos para solicitarlo son del día 5 de noviembre al día 20. Si se solicita después, el derecho nacerá después, es decir que el cobro será aplazado al mes siguiente.

Requisitos son los del artículo 266 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, a excepción de encontrarse en situación de alta o asimilada al alta y se les reconocerá estar en situación legal de desempleo, así como tener cubierto el período mínimo de cotización, siempre que no estén percibiendo o hayan optado por la prestación contributiva por desempleo ordinaria prevista en el artículo 262 y siguientes del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.
Estos requisitos serían:

b) Tener cubierto el período mínimo de cotización a que se refiere el artículo 269.1, dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar.
d) No haber cumplido la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello o se trate de supuestos de suspensión de contrato o reducción de jornada.
e) Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo competente

Este último requisito es dudoso, desde el momento en que se reconoce la situación legal de desempleo simplemente con no estar recibiendo una pensión. En cualquier caso si se ha inscrito mejor, y no cuesta aportarlo.

La base reguladora de la prestación por desempleo será la base de cotización mínima vigente por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de categorías profesionales del Régimen General de la Seguridad Social.:

La cotización actual son 1050 euros. El 70% son 735 €.

2. La prestación será incompatible con cualquier percepción derivada de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena. También es incompatible con cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

Una vez reconocido el derecho a la percepción de la prestación, si el profesional trabajase en cualquier cosa, sea como autónomo o por cuenta ajena, se interrumpiría la prestación, una vez finalizado el trabajo, por el tiempo que reste del período de percepción que corresponda.

3. El derecho a la prestación por desempleo regulada en este artículo quedara extinguido el día 31 de enero de 2021, con independencia de los días de derecho que hasta esa fecha se hayan consumido.

Dicha extinción no constituye agotamiento de una prestación contributiva por desempleo a los efectos del acceso a los subsidios por desempleo regulados en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Esperando esto aclare las cuestiones y dudas que han surgido.
Jose María Lumbreras Lacarra

Coronavirus / Los ERTEs ante el Estado de Alarma, y el Real Decreto Ley 8/2020

Modalidades y características.

A raíz de la declaración del Estado de Alarma, Decretado el pasado 14 de marzo de 2020, y su modificación posterior, se restringe la libertad de movimientos de las personas, y determinadas actividades comerciales y empresariales.

En consecuencia, se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. Adicionalmente, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pudiera suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.

Ello ha provocado que muchas empresas deban reducir o incluso paralizar su actividad, y se estén planteando solicitar un ERTE. Para adaptar la legislación vigente a las nuevas circunstancias provocadas por el COVID-19 el Gobierno ha emitido el Real decreto Ley 8/2020, en cuyos artículos 22 y ss. se regulan las Medidas Excepcionales relativas a estos procedimientos.

 ¿Qué es un ERTE?

Un ERTE puede consistir en una suspensión temporal del contrato o en una reducción de la jornada laboral que une a trabajador y empresa. Nos centraremos en este artículo en la suspensión temporal del contrato, por ser la que tiene más incidencia ante la situación actual, y que podrá afectar a toda la plantilla o a parte de ella.

Mediante el ERTE, se suspende la obligación de trabajar para el trabajador y de abonar el sueldo el empresario, durante el tiempo que se establezca y que podrá coincidir con la duración de estado de alarma o prologarse un poco más en el tiempo, en función de las previsiones de recuperación de la actividad ordinaria que la empresa.

 ¿Por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción?

Ha de destacarse su temporalidad. Se trata de medidas de suspensión que deben estar acotadas a un período temporal, y que las causas invocadas deben tener un carácter coyuntural, coincidente con la problemática derivada del COVID-19.

Pueden presentar el ERTE por fuerza mayor:
i) todas las empresas a las que no les resulta posible desarrollar su actividad por una decisión adoptada por parte de la Administración Pública;
ii) las afectadas por razones extraordinarias y urgentes vinculadas con el contagio o aislamiento preventivo (decretado por las autoridades sanitarias);
iii) todas aquellas que se vean obligadas a suspender su actividad como consecuencia del cierre de locales de afluencia pública, restricciones del transporte público o falta de suministros que impida gravemente la continuidad de la actividad, siempre que estas causas sean consecuencia directa del COVID-19.

Para esta modalidad, no es preciso un periodo de consultas con los trabajadores. No obstante, deberá ser aprobado por la Autoridad laboral constatando la existencia de causa mayor de las establecidas en el Real Decreto, para lo que dispondrá únicamente de cinco días, pudiendo potestativamente solicitar informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Respecto a las cuotas de Seguridad Social y, de forma exclusiva para los casos de fuerza mayor motivados por el COVID-19, la empresa estará exonerada del abono del 100 % de las aportaciones a la Seguridad Social si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, o se le aplicará una reducción del 75 % en el abono de dichas cotizaciones para empresas que tengan más de 50 trabajadores, siempre que la empresa se comprometa a mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Por otra parte, si la empresa, a su juicio, necesita proceder a la suspensión de los contratos o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, pero no está incluida en los anteriores supuestos o situaciones, deberá tramitarlo por esta modalidad, en la que si se abre un periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores y la empresa, pero con un plazo reducido de siete días, e igualmente la Autoridad Laboral disponible de sólo siete días para su resolución, previo y potestativo informe de la Inspección.

¿Cuánto paga la prestación por desempleo?

A consecuencia del ERTE la empresa no está obligada a pagar el sueldo, sino que los trabajadores cobrarán una prestación por desempleo, aunque carezcan de un período de carencia previo de 180 días.

El importe de la prestación durante los 180 primeros días será del 70 % de la base reguladora del sueldo bruto y a partir del día 181 hasta el final de la prestación, será del 50 %.

Además, los trabajadores recibirán la prestación con la particularidad de que el periodo durante el que lo estén percibiendo, no será descontado en una futura solicitud de desempleo.

¿Qué sucede con los trabajadores que están de baja cuando se inicia un ERTE?

Encontrándose algún trabajador en situación de incapacidad temporal (IT) o de maternidad o paternidad, si es incluido en un procedimiento de regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada, no le afectarán sus medidas hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de descanso por maternidad o el permiso por paternidad.